El Gobierno nacional formalizó este jueves una nueva etapa en la reestructuración del sistema registral automotor mediante la unificación de 368 registros seccionales y la supresión definitiva de otros 14. A su vez, el Ministerio de Justicia fijó un plazo de 30 días hábiles para que la Dirección Nacional (DNRPA) concrete el cierre operativo de esas 14 sedes junto con otras 13 cuya eliminación ya se había resuelto entre 2024 y 2025. Las medidas se dictaron en el marco del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral aprobado este año, que busca reducir la estructura administrativa, concentrar funciones y agilizar los trámites tras los recortes iniciados en los últimos dos años.
En el caso de las 368 dependencias que se fusionarán, la decisión responde a una situación recurrente en el organismo: la presencia de un mismo encargado a cargo de la titularidad de un registro y la intervención de otros. Con esta unificación, la Casa Rosada busca blanquear en el organigrama oficial una concentración de competencias que ya funcionaba en los hechos y simplificar la red de atención. La medida impacta de lleno en territorio bonaerense, donde distritos como Junín, Necochea, Azul, Pinamar, Tres Arroyos, Bolívar y Patagones, entre otros, pasarán a concentrar sus trámites en una sola sede.
Por su parte, la eliminación de las 14 oficinas intervenidas que no tenían titular designado se argumentó en que su continuidad carecía de sentido para la prestación del servicio. Del total de sedes a cerrar en el mes hábil que otorgó la resolución, seis corresponden a la provincia de Buenos Aires, abarcando delegaciones en Mar del Plata, La Matanza, Olivos, Ituzaingó y Morón. A este grupo se le suman las 13 sedes pendientes de liquidación definitiva que arrastraban órdenes de cierre desde 2024 y 2025 en municipios como Lanús, Bahía Blanca, Olavarría y Esteban Echeverría.
En simultáneo, el Ejecutivo ajustó el régimen arancelario de la propiedad automotor mediante la implementación del Módulo de Registro (MRPA), una nueva unidad de medida que busca simplificar el cálculo de las tarifas. Según lo volcado en los fundamentos oficiales, el nuevo esquema recortará un 40% la cantidad de cánones vigentes en los mostradores. Además, la normativa redefine el sistema de emolumentos que perciben los encargados seccionales por cada trámite y modifica la distribución interna de los fondos recaudados por la red pública.
