Tras varios meses de debate en el recinto, la costa pinamarense tendrá un escenario completamente diferente para el verano de 2027. El esquema impulsado por el oficialismo busca terminar con la saturación en la playa, bajar los niveles de ruido y proteger al comercio formal de la competencia desleal. El impacto más notorio estará en el número de vendedores: de las más de 500 autorizaciones históricas se pasará a un tope que apenas rozará las 140 licencias en todo el municipio.
El reordenamiento también cambia la forma en que se comercializan los productos tradicionales del frente marítimo. La venta de churros y medialunas abandonará el registro de inscripción individual y pasará a operar bajo el régimen de licitación pública, imitando el formato que ya se aplicaba con los helados. De este modo, la oferta gastronómica más fuerte quedará concentrada en contratos de concesión, mientras que los cupos restantes se reservarán para rubros menores.
La distribución en la arena variará según la dinámica comercial de cada localidad. En el sector que abarca Pinamar y Ostende solo se permitirán alimentos autorizados y bebidas, con una densidad máxima estimada de 12 puestos por kilómetro y la prohibición explícita de vender ropa, juguetes o artículos de bazar. En cambio, en Cariló y Playa Norte se mantendrá un puñado reducido de licencias que sí podrán ofrecer accesorios de agua y juguetes, compensando la menor presencia de locales fijos en esos tramos.
Desde el municipio argumentan que la acumulación de megáfonos, los desperdicios plásticos y el bloqueo de los accesos a la playa hacían insostenible el modelo anterior. Durante los meses de verano, los inspectores de Fiscalización recorrerán la costa para verificar el uso de uniformes oficiales, credenciales a la vista y el cumplimiento estricto del horario fijado entre las 10 y las 19. Una vez terminada la temporada, el Ejecutivo evaluará el impacto de la medida para definir si se mantiene el esquema.
